El 2 de octubre de 1992, ocurrió en la Penitenciaría de Carandiru (Casa de Detenção de São Paulo), una de las más grandes violaciones de derechos humanos ocurridas en la historia de Brasil, el asesinato de más de 100 reclusos por parte de la Policía Militar del Estado de São Paulo.
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Carandiru, el escenario de un infierno
La Penitenciaria Carandiru fue inaugurada en 1956 y ubicada en una zona densamente poblada de San Pablo, Carandiru tenía una capacidad para cinco mil presos, pero llegó a alojar el doble.
La masacre de 1992 fue causada por una pelea entre dos reclusos que enseguida se convirtió en un motín de prisioneros que sucedió en el pabellón 6 de la penitenciaría. Se hicieron pocos o ningún esfuerzo en negociar con los reclusos antes de que la Policía Militar, al mando del Coronel Ubiratan Guimarães, ingresara a las instalaciones puesto que el motín no pudo ser controlado por parte de los guardias de la prisión.
El conteo de víctimas fue de 111: 102 por disparos hechos por la Policía Militar y 9 debidos a apuñalamientos infligidos por otros reclusos antes de que llegara la Policía.
El 80% de las víctimas –en su mayoría, jóvenes entre 25 y 35 años– estaban detenidos en espera de que se les comunicara la sentencia de sus respectivos juicios.
Los sobrevivientes afirman que la policía también disparó a los reclusos que ya se habían rendido y a los que intentaban esconderse dentro de sus celdas, por lo que es posible que el número de muertos fuera superior al divulgado. La Fiscalía del juicio contra el coronel Guimarães calificó la intervención como «desastrosa y mal preparada».
La investigación y los culpables
La Fiscalía ordenó una investigación de los hechos y diversas ONG y movimientos pro Derechos Humanos denunciaron la situación de impunidad de los militares, las irregularidades que se cometieron en la escena del crimen (se alteró apilando cuerpos y destruyendo pruebas) y que no se investigara a ninguno de los responsables.
Finalmente, en junio de 2001, el coronel Ubiratan Guimarães fue condenado por un jurado a 632 años de reclusión, en primera instancia; pero apeló, cuando fue elegido Diputado por su Estado y, finalmente, se le absolvió de todos los cargos.
Por tal motivo, la apelación fue realizada el 15 de febrero de 2006 por la Junta Especial del Tribunal de Justicia, es decir, por los 25 magistrados más antiguos del estado de São Paulo. La junta reconoció por veinte votos contra dos que la sentencia condenatoria dictada por el jurado contenía un error, y aceptaron el argumento de que sólo estaba siguiendo órdenes. Esta revisión terminó por absolver al demandado, lo cual causó indignación en varios grupos de derechos humanos que acusaron el hecho de ser un «paso atrás» de la justicia brasileña.
El 10 de septiembre de 2006, el coronel Guimarães fue asesinado. En la pared del edificio donde vivía fue pintado con aerosol «aquí se hace, aquí se paga», lo cual hacía referencia a la masacre de Carandiru.
La masacre causó indignación entre los detenidos de otras prisiones, que al parecer decidieron formar el Primer Comando Capital (PCC) al año siguiente del evento. Una de las declaraciones iniciales del grupo era que tenían la intención de «combatir la opresión dentro del sistema penitenciario de São Paulo» y «vengar la muerte de ciento once prisioneros». Se cree que este grupo es responsable de la muerte de José Ismael Pedrosa, director de la prisión en la época de la masacre. Sin embargo, este supuesto origen del PCC, uno de los principales grupos del crimen organizado en Brasil, es bastante cuestionado, debido a que no hay evidencia clara de que existe alguna conexión entre la facción criminal y la masacre de los prisioneros.
La prisión de Carandiru fue demolida el 9 de diciembre de 2002, poco después de grabarse dentro de ésta una película que reconstruía los hechos de la masacre.
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Autor:
Daniela - culturizando.com
