En diciembre de 1981, en plena guerra civil salvadoreña, se llevó a cabo una de las masacres más despiadadas de la historia del continente cometida por agentes gubernamentales: la masacre de El Mozote. Te contamos todo sobre este crimen de Horrores Humanos que, al día de hoy, continúa impune…
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Contexto y antecedentes de la masacre
Desde su independencia de España en 1821, El Salvador vivió en un estado de constante gran inestabilidad política, al punto que durante la década de 1970, el país se transformó en un hervidero social. La abismal brecha entre ricos y pobres, la falta de libertad y la creciente tensión internacional entre Estados Unidos y el bloque comunista, contribuyó a caldear el país e inevitablemente derivó en la Guerra civil salvadoreña.
Según los historiadores, los dos bandos en el conflicto salvadoreño estaban influenciados por la contienda global de la Guerra Fría. El Gobierno de El Salvador -que para ese momento estaba conformado por una Junta Revolucionaria de Gobierno- había mantenido una firme alianza con los Estados Unidos desde mediados del siglo XX. De hecho, oficiales del ejército gubernamental salvadoreño (la FAES), recibieron adiestramiento en centros militares estadounidenses como la Escuela de las Américas y obtuvieron apoyo de los gobiernos de Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H. W. Bush.
Por otra parte, algunos movimientos de izquierda que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, en especial, el Partido Comunista Salvadoreño, mantenían relaciones de cooperación con la URSS, Cuba y Nicaragua.
En teoría, el conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial; sin embargo, la lucha entre el FMLN y el gobierno se extendió de 1980 hasta 1992, dejando un saldo de casi 75.000 fallecidos. Según la Comisión de la Verdad (organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra Civil salvadoreña), las fuerzas gubernamentales fueron las responsables del 45% de los casos de homicidios, violaciones, desapariciones, torturas y secuestros; entre los que destaca el episodio más sangriento de la guerra civil en el Salvador: la masacre de El Mozote.
El mayor acto de violencia visto en latinoamerica contra los civiles
Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en el poblado campesino de El Mozote y otros pueblos aledaños, al norte del departamento de Morazán (El Salvador), ocurrió lo que más tarde sería conocido como el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales y “la peor masacre en el hemisferio Occidental, en tiempos modernos”.
La dictadura salvadoreña realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada “Operación Rescate”. En ella participaron el batallón Atlácatl – un grupo del ejército salvadoreño formado en la célebre Escuela de las América’-, unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.
En la tarde del 10 de diciembre, las unidades del batallón Atlácatl llegaron a El Mozote en busca de los insurgentes del FMLN. La aldea era una pequeña población rural: tan solo contaba con unas 25 casas situadas alrededor de una plaza, una iglesia católica y, detrás de ella, una casita que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población, y a las afueras una pequeña escuela.
Los soldados ordenaron a los vecinos que salieran de sus casas y se formaran todos en la plaza del pueblo. Una vez allí, les pidieron información sobre las actividades de los insurgentes guerrilleros y posteriormente dieron la orden de que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, amenazándolos de muerte si a alguno se le ocurría salir a la calle durante la noche.
Los soldados del batallón permanecieron en El Mozote, y en la madrugada del 11 de diciembre repitieron el protocolo inicial: sacaron a todos de sus casas y los obligaron a concentrarse en la plaza.
El comienzo de la pesadilla…
Una vez ahí, los separaron entre hombres, mujeres y niños –“para evitar traumas psicológicos”-, encerrándolos por separado en la iglesia, la casa del sacerdote y otras casas del pueblo.
Rufina Amaya, testigo y sobreviviente, expuso a la prensa que mientras eso sucedía, en la plaza aterrizó un helicóptero y de este bajaron los «colaboradores” de Domingo Monterrosa, el comandante militar de las Fuerzas Armadas… una vez que el helicóptero se retiró comenzó la pesadilla.
De acuerdo al testimonio de Amaya, los soldados separaron a las personas en grupos de cinco y comenzaron el interrogatorio sobre las actividades de la guerrilla; cada interrogatorio resultaba en tortura para los miembros del grupo que derivaba en su posterior asesinato. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y, finalmente, los niños. Los militares fueron especialmente sádicos con las mujeres, muchas de ellas fueron violadas durante todo el día y posteriormente decapitadas, incluyendo las niñas que eran muy pequeñas.
“En grupos de cinco, vendados y amarrados de manos, los hombres eran sacados de la iglesia y fusilados. Los pocos que quedaban agonizando eran brutalmente decapitados con golpes de machete en la nuca. A las doce del mediodía ya habían terminado de matar a todos los hombres. Mi esposo, Domingo Claros, fue uno de los primeros en morir. Iba en uno de los primeros grupos, pero comenzó a forcejear y le dispararon. Estaba vivo, un soldado se acercó y con un machete lo degolló. Las mujeres no corrieron mejor suerte. Los soldados entraron a la fuerza en las pequeñas casas y comenzaron a seleccionar a las mujeres más jóvenes. La mayoría de las madres se opuso, pero fueron sometidas con golpes de culata de fusil o a patadas”.
Palabras de Rufina Amaya.
Victimas, testimonio y denuncia
El mismo 11 de diciembre, los soldados mataron a más de 20 personas en el poblado vecino de La Joya; el día 12, más de 40 personas en los caseríos La Ranchería y Los Toriles; y el día 13, a los pobladores del caserío Jocote Amarillo y del pueblo Cerro Pando. En total, se calcula que asesinaron entre 600 y 900 personas, de las cuales la gran mayoría eran niños.
Rufina fue una de las pocas sobrevivientes y testigos de la masacre. Permaneció escondida ocho días en una cueva cercana, hasta que fue hallada y transportada a un campo de refugiados por una tropa de la guerrilla.
A los pocos días, denunció lo ocurrido en El Mozote a la emisora clandestina Radio Venceremos del (FMLN); sin embargo, la junta de gobierno de El Salvador y la embajada de Estados Unidos tildaron el relato de “propaganda izquierdista” y la acusaron de ser una fuente no confiable.
El gobierno salvadoreño continuó negando sistemáticamente la masacre durante años y finalmente, en 1993, enterró cualquier posibilidad de investigación promulgando la Ley de Amnistía General. Así, cerró el caso con total impunidad y eximió a los responsables de “cualquier crimen cometido en el contexto de guerra”; aun cuando el 27 de enero de 1982, un mes y medio después de la masacre, el New York Times había publicado un artículo del periodista Raymond Bonner, con fotografías de Susan Meiselas, que mostraban claramente que en El Mozote se había cometido una gran matanza de civiles indefensos, y que el responsable era el ejército salvadoreño.
La justicia parece llegar tarde
Después de 36 años de la masacre, a inicios de 2017 se bosquejó una posibilidad para hacer justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anulara la amnistía y se reabriera el caso…
Actualmente 18 ancianos están enfrentando cargos preliminares por asesinato y terrorismo, acusados de ser los arquitectos y ejecutores del asalto. Entre ellos se encuentra el general retirado, José Guillermo García Merino, Ministro de Defensa del país de 1979 a 1983.
“La matanza tuvo las características de un genocidio”, dijo el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. “El país tiene que ser consciente de la brutalidad y en una democracia la conciencia de la brutalidad se reconoce a través del sistema judicial”, dijo.
El juicio podría extenderse hasta mediados de 2019 de acuerdo con el juez Jorge Guzmán, quien dijo en una entrevista que está comprometido con un juicio justo y con sacar la verdad a la luz para los sobrevivientes que quedan…
No puede quedar en la historia de mi país, no pueden quedar esos huecos, no pueden quedar esos agujeros, tienen que ser llenados.
Jorge Guzmán. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador.
Con información de Playbuzz / BBC | Cultura Colectiva | NY Times | Ecu Red | Wikipedia
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Autor:
Diana Fernandes
