Cada año el sistema de justicia juvenil español tramita más de 4 000 casos de violencia de jóvenes contra sus progenitores. Este tipo de violencia intrafamiliar provoca sentimientos tan intensos de culpa y vergüenza, tanto en los perpetradores como en las víctimas, que se estima que los casos denunciados son muchos menos de los que existen. Los estudios indican que un 14.2 % de los adolescentes tienen conductas de violencia psicológica y un 3.2 % ejercen violencia física hacia sus figuras parentales.
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Para entender lo que ocurre en estos hogares, estamos entrevistando a familias que afrontan situaciones de violencia filioparental. En estos diálogos, recogemos testimonios impactantes, como el de esta madre y su hija, quienes compartieron su experiencia en 2023:
“Cuando ya la tenía arrinconada en la pared del salón, después de hacerle daño, pude ver en sus ojos el miedo y el dolor y pensé… ¿qué me está pasando?… ¡es mi madre! Luego entré a mi cuarto y empecé a cortarme en los brazos”. Adolescente de 13 años.
“Le tenía tanto miedo y al mismo tiempo la veía tan indefensa, necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. Yo no sabía qué hacer, a quién contárselo…”. Madre de 51 años.
¿A qué llamamos violencia filioparental?
En un contexto marcado por el aumento de las tensiones familiares, la violencia filial emerge como un fenómeno alarmante, caracterizado por acciones violentas –sean físicas, psicológicas o económicas– cometidas por los hijos e hijas hacia una o varias de sus figuras parentales. Este tipo de violencia intencional, recurrente y con motivaciones muy diversas, tiene el afán de control sobre los progenitores.
La aparición de este tipo de conductas se explica por una combinación de factores personales, familiares, educativos, sociales e incluso comunitarios. Entre ellos destacan el ejercicio inadecuado de la parentalidad, las creencias que legitiman el uso de la violencia, los rasgos de personalidad, el estrés crónico derivado de la vivencia de experiencias traumáticas, las conductas adictivas y la exposición a situaciones de violencia.
La violencia filial no surge de la nada, se desarrolla gradualmente, aumentando en intensidad y frecuencia. Detectar los primeros signos en las discusiones familiares es crucial para prevenir su escalada.
En España existen más de 80 programas específicos para trabajar la violencia filial con familias, muchos de ellos impulsados por parte de organizaciones no gubernamentales. Las características de estos programas de intervención son variadas, las familias participan en uno u otro programa según la gravedad de la situación y de su propia realidad familiar.
¿Podemos denunciar a nuestro propio hijo?
“No pensé nunca en denunciar, ¿a mi propia hija? Ni loca, y además qué vergüenza… pero llegó un día en que la situación se hizo imposible, era ella o yo, y al pedir ayuda me recomendaron denunciar la situación. Ahora ella está interna en un centro con un régimen de libertad semiabierta y toda la familia vamos a verla y participamos en un programa de tratamiento familiar. Aunque la cosa va a mejor, todavía a veces me levanto por las mañanas preguntándome cómo hemos podido llegar a esto, y me siento culpable por no tenerla a mi lado”. Testimonio familiar (madre), 2022.
La violencia filial no está tipificada específicamente como delito en el Código Penal español. Los delitos que más se aproximan son los recogidos en los artículos 153 y 173.2, que corresponden al maltrato intrafamiliar. En la actualidad, y según el informe anual 2022 sobre infancia y adolescencia elaborado por el Defensor del Pueblo, este tipo de violencia es uno de los motivos de ingresos más destacados en centros de internamiento entre los chicos y las chicas que cumplen medidas judiciales.
¿Cómo y quién gestiona las denuncias?
Tras recibir una denuncia, la policía o el fiscal decide si se abrirá una investigación preliminar. La intervención policial no solo se centra en el aspecto punitivo, sino también en la derivación a servicios especializados para la prevención y reeducación del comportamiento violento.
La formación específica en violencia de las Fuerzas de Seguridad es crucial para gestionar adecuadamente estos casos. La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental (SEVIFIP) subraya la importancia de establecer un protocolo policial específico para la detección y abordaje de esta problemática.
Las medidas judiciales aplicadas pueden ser privativas de libertad en internamiento (regímenes cerrado, semiabierto o abierto), en medio abierto (con asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otros familiares o grupo educativo, prestaciones en beneficio a la comunidad…) o medidas terapéuticas con privación de libertad o no.
La decisión de la medida viene determinada por los hechos y las características personales, sociales y familiares del caso: es el juez de menores, con el asesoramiento del equipo técnico de la Fiscalía de Menores, quien toma esta decisión, con el interés superior del menor en mente pero sin descuidar los derechos fundamentales de las personas afectadas.
A pesar de los avances de la última década en materia de investigación, diagnóstico e intervención, en España seguimos sin tener una legislación específica encaminada a la intervención y detección temprana de esta violencia. Hasta el momento se han presentado sin éxito dos proposiciones no de ley ante el Congreso de los Diputados, para las que fue consultada SEVIFIP en 2019 y 2021.
Responsabilidad compartida
Desde la Red Europea de Apoyo Familiar se insiste en que el trabajo con las familias, independientemente de la demanda que presenten, sea integral y colaborativo: todas las partes implicadas (incluyendo a los niños y adolescentes, figuras parentales, miembros de la familia extensa, comunidades y profesionales) deben participar en el proceso de intervención.
Esta es la manera de conseguir que los apoyos ofrecidos por los diferentes servicios se ajusten a la realidad de cada familia, y a sus necesidades más particulares. Porque el objetivo de las intervenciones no es sólo el cese de la conducta violenta del hijo o la hija: se trata de mejorar el funcionamiento y la convivencia familiar en general.
Algo que solamente es posible si las familias dan ese primer paso de pedir ayuda y desean ese cambio.
Shirley Jeannet Arias Rivera, Profesora de Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, Universidad Loyola Andalucía; Alfredo Abadías Selma, Coordinador del Máster en Derecho penal económico UNIR. Profesor de Derecho penal y Criminología, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja y Barbara Lorence Lara, Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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Autor:
The Conversation
